En agosto de este año, a inicios del
nuevo gobierno, la Revista Argumentos solicitó a un grupo de
especialistas sus opiniones personales respecto a los retos, metas y
limitaciones del nuevo gobierno. De esta manera, obtuvimos un conjunto
de miradas, de orientación diversa, que ofrecen una perspectiva amplia
de las expectativas y advertencias que rodean al nuevo gobierno en este
momento inicial.
Paula Muñoz Chirinos
Politóloga. Profesora del
Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. 1
¿Cuáles considera que son los tres principales retos con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar?
Me parece que los tres retos principales
para lograr un gobierno estable serán el manejo de conflictos sociales
en el interior del país, el manejo político de las relaciones con la
oposición en el Congreso, en particular con el fujimorismo y, dados los
antecedentes del presidente y su entorno cercano, evitar escándalos o
denuncias de influencia indebida de intereses particulares en las
decisiones del gobierno (lobby).
Para usted, personalmente,
¿cuáles son las tres metas que este gobierno debería priorizar para que
lo considere un buen gobierno al término del periodo presidencial en
2021?
Primero, desarrollar efectivamente un
nuevo estilo de gobierno más allá de lo tecnocrático, que transforme
progresivamente la relación entre el Estado y la ciudadanía, mostrando
un Estado más cercano y accesible, con servidores públicos preocupados
por los problemas del ciudadano de a pie y por hacer efectivo el
cumplimiento de la ley.
En segundo lugar, lograr resultados
concretos rápidamente, no solo en ejecución presupuestal y la apuesta
hecha por la inversión, sino también avances en reformas clave como la
reforma policial y de seguridad ciudadana, así como del sistema de
administración de justicia.
Y, en tercer lugar, el cumplimiento de
metas de inclusión social que hagan efectiva su promesa de “revolución
social” y acceso a igualdad de oportunidades. Esto supondría continuar
con un buen manejo y expansión de los programas de lucha contra la
pobreza focalizados, pero también asegurar el acceso universal a
servicios de educación y salud públicas de calidad. Continuar los
avances y logros de la reforma educativa es crucial y más factible. Pero
el gran reto que sea propio y distinga a este gobierno será sentar las
bases de una reforma de la salud pública con resultados efectivos en el
corto y mediano plazo.
¿Qué condiciones podrían poner en riesgo o limitar las posibilidades de cumplir con estas metas?
Primero, que prime una visión
prominentemente tecnocrática del gobierno y la política y no se
desarrolle en el Ejecutivo capacidades de negociación y comunicación
política para las relaciones con el Legislativo, manejo de conflictos
sociales y relación con la opinión pública.
Segundo, para cumplir con las metas será
necesario que el gobierno logre construir cierta legitimidad, expresada
en una tasa de aprobación aceptable. Un riesgo para lograr un nivel
mediano de popularidad sería que el gobierno sea encuadrado como
gobierno que defiende los intereses empresariales y de lobistas. Es
decir, como un gobierno más de los últimos años que no cambió nada la
relación entre el Estado y la ciudadanía. Otro riesgo para mantener
tasas de aprobación aceptables que se evidencia en estos últimos días es
la posibilidad de que el presidente se sabotee a sí mismo. Hay una
delgada línea que separa lo que puede ser un estilo de comunicación
presidencial fresco, espontáneo y horizontal, que facilita una conexión
con la opinión pública, y un liderazgo presidencial desbocado que genere
problemas políticos innecesarios y siembre dudas sobre la
inconsistencia e improvisación en las decisiones de gobierno.
Finalmente, el desarrollo de un
comportamiento obstruccionista de la oposición fujimorista en el
Congreso constituiría, sin duda, un riesgo para la gobernabilidad y para
que el Ejecutivo pueda avanzar sus propuestas. Pero el fujimorismo
tiene incentivos electorales de cara al 2021. Optar por una posición
obstruccionista puede minar su capital electoral, sobre todo si el
Ejecutivo goza de aprobación y respaldo. Si el gobierno no logra
mantener su popularidad, el riesgo de observar un fujimorismo
obstruccionista crecería.
***
Elmer Cuba
Economista. Socio Director de Macroconsult. 2
¿Cuáles considera que son los tres principales retos con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar?
El gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) tiene varios frentes, además de su propio frente interno.
Primero, su relación de
confrontación-cooperación con Fuerza Popular (FP) y el Frente Amplio
(FA). En el caso del primero, deberá escoger bien sus batallas. Debe
entender que FP tiene que moverse entre dos posturas: no dejar la
oposición en manos del FA, pero al mismo tiempo no ser visto por la
opinión pública como demasiado hostil que debilite el gobierno de PPK.
Si el gobierno no entiende esta postura puede tener serios reveses
políticos, sobre todo cuando la opinión pública no lo acompañe. No será
fácil que encuentre apoyo del FA en asuntos económicos y de inversión
privada, pero sí cierto apoyo político.
Segundo, su aprobación/desaprobación con relación a la opinión pública; el manejo de “la calle” y los conflictos sociales.
Si las medidas de política no tienen
impactos relevantes en la ciudadanía, ocurren reacciones de grupos de
interés en las calles y/o estallan conflictos sociales, ello mellará la
gobernabilidad.
Tercero, diseñar y ejecutar políticas
públicas que funcionen y de cierto impacto que lo empoderen ante la
ciudadanía. No es sencillo en un contexto de déficit fiscal creciente y
con medidas que reducen los ingresos tributarios. Un cambio en las
percepciones y resultados sobre la seguridad ciudadana es muy importante
en este tercer punto.
Para usted, personalmente,
¿cuáles son las tres metas que este gobierno debería priorizar para que
lo considere un buen gobierno al término del periodo presidencial en
2021?
Las cuatro metas son en el terreno macroeconómico, social, la productividad y la institucionalidad.
En el plano macroeconómico, la meta es
reactivar la demanda agregada en línea con el crecimiento del PBI
potencial (4.5%) en un contexto de déficit fiscal. Elevar el tipo de
cambio real en un contexto de dolarización de la economía y pérdida de
competitividad internacional.
En el plano social, la reducción de la
pobreza hasta un 10%, avanzar en la reducción dramática de la anemia
infantil y la desnutrición crónica infantil y proveer mejores servicios
de agua y saneamiento.
En el plano de la productividad, mejoras
continuas en los indicadores de comprensión lectora y razonamiento
matemático, aumentos en la productividad laboral y reducción importante
de la informalidad laboral y empresarial.
En el plano institucional, una nueva ley electoral que sea funcional a una mejor representación de los intereses ciudadanos.
¿Qué condiciones podrían poner en riesgo o limitar las posibilidades de cumplir con estas metas?
En el plano económico, si las medidas de
corte tributario y fiscal no son exitosas en reactivar la demanda y
generan más bien un mayor déficit fiscal hacia el 2018, es posible
pensar en un escenario de ajuste económico. Este llevaría a un
enfriamiento de la economía, con efectos sobre la generación de puestos
de trabajo y la reducción de la pobreza. En general, a menores recursos
para enfrentar los reclamos salariales de los empleados públicos y a
menores recursos para las mejoras prometidas en los servicios de agua,
saneamiento, educación y salud.
Estos desarrollos irían acompañados
además de una mayor debilidad de la gobernabilidad y aprobación
presidencial, lo que puede llevar a dejar un escenario de cooperación
política a uno de mayor confrontación de cara a la campaña política del
2021.
En otras palabras, el logro de un buen
gobierno está en manos del propio Ejecutivo, su buen criterio político y
las políticas públicas que él mismo desarrolle, en particular la
economía
***
Cynthia Sanborn
Politóloga. Vicerrectora de
investigación en la Universidad del Pacífico y profesora principal del
Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas. 3
¿Cuáles considera que son los tres principales retos con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar?
Construir respeto y confianza de la
población. Estamos hartos y desilusionados con nuestros gobernantes,
hemos votado tantas veces por el “mal menor”, que va a costar
convencernos que este gobierno –cuyo presidente casi ganó por accidente,
por suerte, por unos 40,000 votos– puede hacer las cosas de otra forma.
Necesitamos un gobierno que nos inspire y que nos convoque a actuar
también de otra manera, como ciudadanos más responsables. Gobernantes
eficientes y transparentes, que nos motiven a creer nuevamente en lo
público, en el rol del Estado y en la capacidad de los gobernantes de
manejarlo bien. Más allá de los retos específicos en cada sector, es
esto ganar nuestro respeto, construir confianza. Esto puede tomar los
cinco años, pero tiene que comenzar desde el inicio.
En segundo lugar, debe lidiar con una
economía formal poco diversificada, que no resuelve las necesidades de
buena parte de la población, y una enorme economía informal que tampoco
permite a nuestra población llegar a los niveles de desarrollo y
bienestar que deseamos, además de ser a menudo explotador y depredador.
Y en tercer lugar, las persistentes
brechas sociales, étnicas y de género en nuestra sociedad, que a menudo
nos hacen parecer que estamos en otro siglo, incluso dentro de América
Latina, lo cual nos impide unirnos y realmente ser un “país
desarrollado”. Un gran reto para el gobierno es hacer respetar los
derechos de todos, promover una identidad nacional que no excluya sino
incluya y avanzar con la lucha contra toda forma de discriminación.
Para usted, personalmente,
¿cuáles son las tres metas que este gobierno debería priorizar para que
lo considere un buen gobierno al término del periodo presidencial en
2021?
Es bien difícil identificar solo tres.
Tenemos 19 ministerios, ¿para qué solo tres metas? Pero, de alguna
forma, mi percepción de prioridades sale de lo anterior:
Primero, mejorar la calidad de la
gestión pública, que sea transparente y eficiente, y que demuestra que
funciona para todos. Especialmente en los sectores sociales y en la
infraestructura pública, la que usa más la gente.
También promover una economía más formal
e inclusiva, con actividades económicas que sean sostenibles y no
depredadoras de nuestros recursos naturales, y que generen empleo
decente.
Por supuesto, mejorar la seguridad
ciudadana. Sé que es una meta complicada de lograr, pero es lo que
preocupa a la mayoría, y es bien difícil sentir una positiva identidad
nacional y un amor al prójimo, cuando hay tanta inseguridad y
desconfianza; cuando los criminales –los de la calle y los del llamado
“cuello blanco”- andan sueltos y actúan con impunidad.
¿Qué condiciones podrían poner en riesgo o limitar las posibilidades de cumplir con estas metas?
Externamente, la situación de la
economía mundial, especialmente de China, pero también de Europa y
Estados Unidos, pues somos una economía pequeña y dependiente de lo que
podemos exportar y nos quieren comprar.
Internamente, los potenciales conflictos
de interés, que pueden hacer que algunas autoridades no distingan entre
lo público y privado. Tenemos un nuevo gobierno con excelentes
técnicos, forjados, en muchos casos, en el sector privado que es donde
hay más oportunidades profesionales para ellos. Esto es lógico en un
país donde el sector público, hasta hace poco, no ha ofrecido tales
oportunidades. Pero tienen que cambiar de “chip” ahora que son
servidores públicos y resistir la tentación de gobernar por unos pocos.
Obviamente, el hecho de tener una
oposición mayoritaria en el Congreso es otro limitante. Sin embargo, si
el fujimorismo y otros sectores de oposición actúan en forma mezquina o
vengativa, todo el país los va a criticar y pasarles la cuenta. Su
responsabilidad también es grande, de ser oposición constructiva cuando
sea necesario, pero también de apoyar iniciativas del gobierno que sean
para el bien de todos.
***
Silvana Vargas Winstanley
Sociologa. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú 4
El nuevo gobierno enfrenta enormes
retos, pero a la vez tiene una gran oportunidad: reducir la desigualdad
observable en la persistencia de brechas en las poblaciones más
vulnerables del país. En los últimos años, las cifras macroeconómicas
fueron favorables para el Perú, lo cual se reflejó en la reducción de la
pobreza monetaria (de 48.6% en 2004 a 21.8% en 2015). No obstante, los
niveles de desigualdad siguen siendo inaceptables. La desigualdad no
solo es observable en el ingreso sino en la carencia exacerbada de
oportunidades debido a condiciones de territorialidad, género, etnicidad
y discapacidad. La literatura sugiere que las estrategias basadas en
sistemas marcados por desigualdades entrecruzadas, no solo limitan la
equidad en las oportunidades sino que inciden en la reproducción de la
pobreza. Así, enfrentar este contexto no puede recaer bajo la
responsabilidad de un único sector del Estado y debería abordar tres
medidas interrelacionadas y retadoras: planificar en torno a la
reducción de brechas, articular sobre la base de resultados y medir
multidimensionalmente la vulnerabilidad.
¿Cuáles considera que son los tres principales retos con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar?
- Planificar en torno a la reducción de brechas (¿a dónde vamos?). Planificación no es sinónimo de intervencionismo. Al contrario, planificar traduce una visión de país centrada en objetivos a largo plazo, una priorización de líneas de trabajo y una decisión política para implementarlo. Así, un reto clave para el nuevo gobierno es replantear el rol del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) –adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con un exiguo presupuesto de poco más de 16 (sí, ¡16!) millones de soles (Consulta Amigable, 2016)– en concordancia con las líneas de políticas orientadas a la reducción de brechas en sectores clave como Agricultura, Desarrollo e Inclusión Social, Educación y Salud.
- Articular sobre la base de resultados (¿cómo lo haremos?). Una vez realizado el planeamiento intersectorial, el siguiente reto será definir los resultados para la reducción de brechas que, dada su naturaleza, deberían basarse en la articulación de esfuerzos. La articulación puede entenderse como la concurrencia territorial de intervenciones conducentes al logro de resultados observables en el incremento de oportunidades de la población. En esa línea, el recientemente aprobado Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), liderado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), representa un instrumento clave para organizar la acción del Estado, desde un enfoque territorial, de modo que se logre activar los procesos necesarios para la reducción de brechas prioritarias, vinculándolos, además, a los programas presupuestales.
- Medir multidimensionalmente la vulnerabilidad (¿cómo sabremos que avanzamos?). A la luz de la apuesta por reducir la desigualdad, de manera complementaria al planeamiento y la articulación, se requiere medir el avance de esfuerzos para tomar decisiones oportunas. Así, el siguiente reto tiene que ver con la decisión de cambiar los lentes a través de los cuales definimos y medimos la pobreza en el Perú y transitar –finalmente– al enfoque de pobreza multidimensional. Allí, los avances del trabajo de la Comisión Consultiva para la Medición de la Pobreza liderada por el INEI serán clave.
Para usted, personalmente,
¿cuáles son las tres metas que este gobierno debería priorizar para que
lo considere un buen gobierno al término del periodo presidencial en
2021?
- Planificar en torno a la reducción de brechas. Entre otras metas, se requiere: (i) (al menos) duplicar el presupuesto de CEPLAN vinculándolo al acompañamiento técnico de procesos de identificación de brechas en cada sector, (ii) diseñar –en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales– un ciclo de planeamiento territorial centrado en resultados para reducir la desigualdad y (iii) consolidar la institucionalidad del CEPLAN con énfasis en el fortalecimiento de capacidades orientadas a centrar la planificación en cambios observables en la vida de la población y no únicamente en el cumplimiento de metas vinculadas a ejecución presupuestal.
- Articular sobre la base de resultados. En cuanto a este reto, se propone las siguientes metas: (i) diseñar un plan de acción para la inmediata implementación del SINADIS con énfasis en resultados prioritarios para la reducción de la desigualdad en los ámbitos más vulnerables del país, (ii) promover un observatorio para la articulación territorial de intervenciones asociadas al cierre de brechas y (iii) generar equipos técnicos itinerantes para el acompañamiento correspondiente a lo largo del proceso.
- Medir multidimensionalmente la vulnerabilidad. Dado que este es un reto asociado a un nuevo enfoque conceptual y de medición, la generación de conocimiento es clave. Sobre la base de ello, se propone tres metas: (i) impulsar que el INEI realice los reajustes necesarios a fin de que, utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), pueda calcularse el índice de pobreza multidimensional según los estándares utilizados en otros países, (ii) asignar los recursos necesarios para facilitar que los resultados de esta primera medición sean incorporados en los correspondientes instrumentos de política sectorial y utilizados como parte de los mecanismos de articulación intersectorial y (iii) generar mecanismos para que las universidades incorporen en las mallas curriculares de sus carreras de Ciencias Sociales, el enfoque de pobreza multidimensional como parte de la formación básica de sus estudiantes.
¿Qué condiciones podrían poner en riesgo o limitar las posibilidades de cumplir con estas metas?
- Lograr una visión común de país que privilegie la reducción de la desigualdad como política de Estado. El gobierno entrante tiene una visión y discurso claros en torno a las prioridades asociadas al crecimiento económico, el incremento de la competitividad y la sostenibilidad de la productividad. No obstante, una potencial limitación es que –a la par de ello– se requiere un discurso que apueste a tomar medidas vinculadas a la reducción de las desigualdades que afronta la población más vulnerable del país. Ello implica, evidentemente, ir más allá de evaluar o hacer más eficientes los programas sociales existentes.
- Establecer un saludable equilibrio de poder entre sectores clave. En el marco de la apuesta que proponemos, resulta clave establecer los arreglos institucionales para promover las reformas que la reducción de la desigualdad en el Perú requiere. Para ello, será fundamental que el gobierno asuma que se debe desMEFizar la política social (i.e., agricultura, desarrollo e inclusión social, educación y salud) y, a la par, armonizar sus principios con los de la política económica a fin de evitar la inconsistencia en la gestión de la política pública. Ello implica tomar decisiones respecto al alcance de las competencias (formales y reales) de cada sector y establecer mecanismos de coordinación efectiva entre los tres sectores clave en la materia:PCM, MIDIS y MEF.
- Reforzar vínculo con Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) de manera creativa y permanente. Los GGRR y GGLL son los líderes de la articulación de la política en el territorio. Ello implica que, sobre la base del reconocimiento de su potencial, retos y limitaciones, se requiere generar una plataforma ─basada en un enfoque de descentralización y no únicamente de desconcentración─ que promueve el diálogo, la negociación y el aprendizaje cruzado. Si esto ocurre, será un gran paso de cara al reconocimiento y gestión de la diversidad del Perú. ¿Asumirá el Doctor Kuczynski el reto de liderar esta gran oportunidad?
***
Javier Torres Seoane
Antropólogo. Director de Noticias SER. 5
¿Cuáles considera que son los tres principales retos con los que el nuevo gobierno tiene que lidiar?
Considero que, por un lado, es
importante el manejo adecuado de la economía del país, sabiendo que los
índices de crecimiento no volverán a estar en los niveles de los años
anteriores. Esto exigirá del gobierno la emisión de bonos y una política
de endeudamiento que debe ser manejada responsablemente. Por otro lado,
es necesario reconocer que uno de los retos importantes es la gestión
eficiente de los conflictos sociales, en especial aquellos que tienen
que ver con los megaproyectos de infraestructura e industrias
extractivas.
Para usted, personalmente,
¿cuáles son las tres metas que este gobierno debería priorizar para que
lo considere un buen gobierno al término del periodo presidencial en
2021?
En primer lugar, el cumplimiento de sus
promesas en el campo de la provisión de agua y saneamiento. En segundo
lugar, el cambio sustantivo de las condiciones en las que se brinda la
educación pública en sus tres niveles. Finalmente, la mejora de la
calidad y cobertura de los servicios de salud, poniendo especial
atención a reducir las desigualdades entre los diversos sectores de la
población, y en la población de las zonas rurales.
¿Qué condiciones podrían poner en riesgo o limitar las posibilidades de cumplir con estas metas?
El incumplimiento de las metas señaladas
podría darse por las limitadas capacidades de gestión que existe al
interior del sector público, la poca coordinación entre sectores, y
entre estos y los gobiernos subnacionales, a los que se podrían añadir
otros de orden más político como la obstrucción sistemática de parte del
fujimorismo.
- Respuestas enviadas el 10 de agosto de 2016.
- Respuestas enviadas el 04 de agosto 2016.
- Respuestas enviadas el 12 de agosto de 2016.
- Respuestas enviadas el 14 de agosto de 2016.
- Respuesta enviada el 21 de setiembre de 2016.
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